|  La llegada del tte. coronel y su socialfascismo al poder en el año 1999 significó la puesta en marcha de nuevas políticas económicas, sociales y laborales destinadas a refrescar el proyecto de dominación, que daba muestra de estancamiento e impedía la generación de esperanzas en los sectores populares. Fue el resurgimiento del neopopulismo y de las “clásicas elites militares esclarecidas” llamadas a conducir la refundación del Estado capitalista a través de reformas orientadas a la continuación y consolidación de un fracasado y explotador capitalismo.
Muchas de estas reformas se han implementado en el campo laboral donde el régimen no ha escatimado esfuerzos para imponer su agenda nacionalsocialista. Ha promovido una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de tipo corporativo, al mejor estilo fascista, que institucionaliza la intervención estatal en la vida de los sindicatos y vulnera la independencia de los mismos. Ley que elimina la libertad sindical, la contratación colectiva, el salario integral, el derecho a la huelga y la existencia misma de los sindicatos en nombre de una fantasmal revolución liderada por el autócrata de Miraflores.
Este gobierno ha reprimido sin cuartel a los trabajadores mediante el uso del poder judicial* y de la fuerza militar y ahora se dispone arrebatarle las prestaciones sociales a los trabajadores del Estado mediante la puesta en marcha de una perversa y engañosa medida: el pago de la deuda laboral del Estado mediante la emisión de bonos: el Petro-Orinoco. Además de representar una medida que violenta la Constitución Nacional, ya que la misma dispone el pago de las prestaciones de manera inmediata y en moneda de curso legal, constituye una medida electorera e improvisada. La experiencia en el pasado ha demostrado que el pago de las prestaciones sociales a los trabajadores mediante el uso de bonos ha sido un vulgar desfalco.
Primeramente, los trabajadores debieron esperar un tiempo prudencial (años) para poder hacer efectivo el monto del bono. Ello al margen del efecto depredador de la inflación (la más alta de América latina) y la especulación, las cuales incidieron negativamente sobre el valor nominal del bono. Pero además, aquellos trabajadores que se vieron en la necesidad de vender sus bonos antes de su vencimiento, sufrieron una pérdida sustancial en el valor del mismo debido a los descuentos propios del mercado financiero. Fue un asalto y una estafa al patrimonio acumulado de los trabajadores producto de su esfuerzo de muchos años.
Estamos ante un “Estado obrerista” (Chávez dixit) donde no hay recursos para cumplir con los pasivos laborales y los compromisos contemplados en los contratos colectivos, pero si hay presupuesto para seguir realizando las compras faraónicas de equipos militares a países como Rusia, Irán y China y para continuar subsidiando a las economías de los “países amigos” (Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba, etc.) entre otros.
 A pesar de la retórica socialista el proyecto bolivariano ha sido incapaz de solucionar los problemas estructurales que condenan a la miseria y a la explotación a miles de trabajadores en nuestro país. El socialfascismo bolivariano es un proyecto garante de los intereses de los capitalistas (nacionales y transnacionales), condenado históricamente al fracaso por sus prácticas en contra de los trabajadores, por sus rasgos fascistas, y sus afanes militaristas. Es evidente que el capitalismo (privado o de Estado) no representa una propuesta contra-hegemónica como alternativa para los explotados. La ausencia de futuro que ofrece el capitalismo a los trabajadores no es tan solo un problema ético, sino inherente al carácter explotador de ese modo de producción.
*Prueba de la criminalización de la protesta sindicales que existen más de 2400 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en manifestaciones por sus derechos laborales. El caso más grave lo constituye el de Rubén González Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) quien fue privado de libertad por 17 meses sin juicio alguno, anulada la sentencia (3/03/2011) que lo condenaba a siete años y seis meses de prisión, y se le ha abierto un nuevo juicio en su contra por parte del Ministerio Público por defender los intereses de los trabajadores |
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