GOLPE CONSTITUCIONAL A LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

Según esta organización política, el gobierno madurista al llevar a la practica la denominada Ley Habilitante intenta la consolidación definitiva de un estado autoritario y militarista, para de inmediato comenzar a violentar todos los derechos individuales, colectivos, económicos y sociales de la población.

Freddy Pérez, vocero del Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista, advirtió que con esta ley entramos en una etapa que puede ser muy grave para el país, “por el costo social y político que puede ser muy doloroso en los próximos años, dado que con este instrumento legal lo que se quiere es enmascarar un golpe de Estado constitucional”, acotó.

Con la gaceta oficial en mano citó dos puntos,  el artículo 1, literal D, en el que se retrae nuevamente la doctrina de la “Seguridad Nacional”, que fue aplicada en América Latina durante las décadas de los 60,70 y 80  por los cuerpos de feroces dictaduras del continente que costaron miles de vidas humanas.

“En el citado literal el Gobierno pretende a través de estas leyes constitucionales dictar normas que sancionen las acciones que atenten contra la seguridad y defensa de la nación, las instituciones del estado, los poderes públicos y la prestación de servicios públicos indispensables para el desarrollo y la calidad de vida del pueblo, esto es copiado prácticamente por las leyes que hicieron los dictadores del cono sur, inventando un enemigo interno y desde allí, partiendo de esa ley se pretende restringir y limitar toda manifestación que la ciudadanía pueda hacer para luchar contra el alto costo de la vida, inseguridad, etc.”, subrayó Pérez.

En cuanto al literal E, artículo 1, Pérez manifestó que se establece el combate al financiamiento ilegal de los partidos políticos, “acción que ni siquiera el fallecido presidente Chávez se atrevió a ejecutar, cuando mucho quitó el apoyo económico del CNE”. Con todo esto, indicó, se pretende poner contra la pared a las organizaciones democráticas y perseguir a quienes creen en los partidos como soporte de la democracia.

Por último Avanzada calificó la habilitante como una “ley fascista” que no dará respuesta a las necesidades de abastecimiento de alimentos, incremento de la productividad nacional de bienes, empleo, lucha contra la corrupción, entre otras. “Esta Ley Habilitante en plena recta final de la  campaña electoral lo que persigue es meterle miedo a la población para que no vote. Nosotros entendemos que en el caso de Lara este pueblo no se arrodilla y el Gobierno cree que metiéndole miedo a la gente se va a quebrar la posibilidad y la voluntad política que tiene el pueblo de expresarse el 8 de diciembre”, finalizó Freddy Pérez. 

Omer Carrizo